Nueva información sobre Discapacidad del Seguro Social por: Damián Paletta
El Gobierno pone freno a los jueces de discapacidad
La agencia está reescribiendo las descripciones de trabajo de su cuerpo judicial, permitiendo a los funcionarios mayor libertad para tomar medidas enérgicas contra los jueces que otorgan beneficios por discapacidad fuera de la norma.
Muchos jueces han actuado como si fueran independientes de la agencia y han otorgado o denegado beneficios según sus propios criterios. Hace unas semanas, la SSA notificó a los jueces sobre los cambios.
Las descripciones de trabajo ya no incluirán las palabras “completa independencia individual” y también aclararán que los jueces están “sujetos a la supervisión y gestión” de otros funcionarios de la agencia, según un borrador revisado por The Wall Street Journal.
Durante la reciente crisis económica, el programa creció rápidamente y ahora cuenta con cerca de 11 millones de beneficiarios. De hecho, ha crecido tan rápido que se prevé que agote las reservas de su fondo fiduciario para 2016, lo que podría obligar a todos los beneficiarios a ver un recorte inmediato en sus pagos.
En 2011, The Wall Street Journal informó sobre una gran disparidad en la probabilidad de que ciertos jueces otorgaran prestaciones. Decenas de jueces otorgaron prestaciones en más del 90% de sus casos, mientras que otros tenían mucha menos probabilidad de encontrar a alguien incapacitado para trabajar, denegándolas en más del 80% de sus casos, según datos.
Después del informe publicado, la agencia comenzó a reforzar el control sobre los jueces considerados “atípicos”, pero también se quejó de que la “independencia judicial” impedía a los funcionarios del SSA intervenir, incluso si un juez pagaba beneficios en más del 95% de los casos.
Los críticos del sistema dicen que son necesarios muchos cambios para combatir el abuso, especialmente en un momento en que el fondo fiduciario para discapacitados está amenazado.
“La recesión económica y la lenta y débil recuperación, junto con la aparente facilidad para obtener prestaciones de los programas federales de discapacidad, han llevado a muchas personas sin discapacidad a solicitarlas”, se lee en una carta firmada este mes por el representante James Lankford (republicano por Oklahoma) y otros dos legisladores dirigida a la comisionada interina de la SSA, Carolyn Colvin. El representante Lankford preside un subcomité de supervisión que supervisa el Seguro Social.
El sindicato que representa a muchos jueces se queja de que el cambio les quitará independencia y abrirá el proceso a la intromisión política. Los jueces son seleccionados por la agencia tras un proceso de selección, y sus funciones suelen centrarse exclusivamente en atender apelaciones por discapacidad y decidir si se conceden o no prestaciones. En total, el cuerpo judicial resuelve cientos de miles de casos cada año.
Muchos jueces también afirman haber enfrentado presión constante de altos funcionarios para que aplacen casos en los últimos años, y muchos han respondido aprobando un gran número de casos, según entrevistas con varios jueces. El proceso se conocía dentro de la agencia como "liquidación de casos atrasados".
El proceso de solicitud de beneficios es complejo y complejo. Si a alguien se le deniegan los beneficios después de una evaluación inicial, puede apelar y solicitar que un juez de la agencia examine su caso.
Cuando la agencia comenzó a endurecer el escrutinio sobre los jueces hace dos años, después de la publicación de los artículos del Journal, muchos jueces cambiaron su comportamiento.
En 2010, por ejemplo, los jueces otorgaron beneficios en 67% de sus 585,855 decisiones, según datos federales. Para 2013, la tasa de adjudicación se redujo a 56%.
“La tasa de subsidio actual probablemente esté en su nivel más bajo en 40 años”, dijo el Comisionado Adjunto de la Administración del Seguro Social, Glenn Sklar, en una audiencia en el Congreso en noviembre.
Sin embargo, se espera que los cambios de la agencia no reduzcan el número de beneficiarios. En 2003, la agencia pagó 1.471.000 millones de tayikos en prestaciones por discapacidad a 7,6 millones de personas. Para 2012, la agencia pagaba 1.37.000 millones de tayikos en prestaciones a 10,9 millones de personas.
El portavoz de la SSA, Mark Hinkle, explicó que el cambio se debió a que la descripción del puesto vigente llevaba 17 años vigente. El Sr. Hinkle añadió que la nueva descripción "preserva adecuadamente la independencia decisoria cualificada de los jueces".
Pero los jueces han tratado de bloquear la medida en medio de temores de que los funcionarios de la agencia les digan cómo decidir los casos.
“Podrían tomar medidas disciplinarias contra un juez que básicamente controla el resultado” de cualquier caso en particular, dijo Randall Frye, juez de Seguridad Social y presidente de la Asociación de Jueces de Derecho Administrativo. “Eso es malo en cualquier caso, y podría serlo bajo diferentes administraciones políticas”.
Mientras tanto, la conducta de los jueces está teniendo un efecto notable, según los abogados y otras personas que representan a personas que solicitan beneficios.
“Se está volviendo más difícil, especialmente con solicitantes jóvenes o personas que han estado encarceladas”, dijo Geri Kahn, abogada de inmigración y discapacidad con oficinas en el norte de California. “Casos que creo que podría haber ganado hace un par de años, no los estoy ganando o no los estoy aceptando”.
Por Damián Paletta
Actualizado el 26 de diciembre de 2013 a las 8:14 p. m. ET
